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El 1 de noviembre de 2007 entró en vigor la Directiva europea sobre Mercados de Instrumentos Financieros, conocida como MiFID, cuyo principal objetivo es mejorar la protección del inversor, creando un marco homogéneo en materia de servicios de inversión que mejore la transparencia, la eficacia e integración de los mercados y obligando a todas las entidades financieras que prestan dichos servicios en la Unión Europea.
La directiva establece la necesidad de que las entidades financieras, con el objetivo de ofrecerles el adecuado nivel de información y protección, clasifiquen a sus clientes como:
La directiva prevé el derecho del cliente a solicitar un cambio de categoría, si bien en el caso de optar el cliente minorista por solicitar ser clasificado como profesional deberá cumplir al menos dos de los siguientes requisitos:
La directiva se aplica a la comercialización de los productos o servicios de inversión (ofertas públicas de venta de valores, fondos de inversión, operativa en los mercados de valores, etc.).
Con el fin de proporcionar a sus clientes un documento marco que recoja las obligaciones que afectan a Grupo Banco Popular en la prestación de servicios de inversión y servicios auxiliares a sus clientes, el Grupo ha elaborado unas Condiciones Generales que definen los derechos de que gozan sus clientes minoristas y su propio marco de actuación a la hora de prestar servicios de inversión y servicios auxiliares.
Los principales epígrafes de las citadas Condiciones Generales se resumen en:
Su objetivo es tener una visión sobre los conocimientos y experiencia del cliente a través de cinco sencillas preguntas:
En este caso, dado que este test busca determinar la idoneidad del producto o servicio concreto en relación al conocimiento y experiencia del cliente, sus objetivos respecto a esa inversión y su situación financiera en el momento de la inversión, el test debe realizarse coincidiendo con cada inversión y ser específico para el producto o servicio previsto.
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